Se conoció hace unos días la decisión del Gobierno de Alberto Fernández de limitarle a los trabajadores la posibilidad de elegir la obra social que quieren tener. En otras palabras, ante una nueva relación, durante todo el primer año de trabajo, sí o sí deberán quedarse con la obra social que les toque de acuerdo a la actividad que realizan.
Esto implica que aquellos trabajadores que inician una nueva relación laboral y vengan de estar en una prepaga por ejemplo, tendrán que pagarla de su bolsillo para poder mantenerla.
La medida afecta en forma directa y rápidamente a 650.000 trabajadores, de acuerdo a un trabajo realizado por la consultora IDESA, que asegura que con esto, surge otra ineficiencia más en el sistema de salud y de desaliento a la generación de empleos asalariados formales.
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