A partir del 10 de diciembre, el gobierno del presidente electo Javier Milei enfrentará obstáculos y desafíos que el país y el entramado económico-social han venido padeciendo a lo largo de las últimas décadas.
En general, la falta de un modelo de país con reglas de juego estables, predecibles y consistentes en el tiempo, con políticas de Estado que promuevan la inversión, mejoren la competitividad para aumentar el empleo, que terminen con la pobreza y la exclusión social y encaminen a la Argentina en la senda del desarrollo sostenible, ha sido limitante para el desarrollo de nuestra sociedad.
A esto se sumó la inexistencia de un plan de estabilización macroeconómica, que mitigue la volatilidad de los mercados, restablezca el equilibrio de los precios relativos de la economía, implemente políticas fiscales y monetarias para reducir la inflación y contengan la emisión monetaria, basado en presupuestos que garanticen el superávit fiscal.
Hoy, desde AmCham Argentina, hay 2 aspectos que queremos resaltar especialmente:
1) La abultada deuda comercial que las empresas importadoras han acumulado con sus
proveedores locales o del exterior desde marzo de 2022. Esta acumulación se produjo debido a
la imposibilidad de acceder al mercado oficial de cambios para cancelarlas, una consecuencia
directa de la delicada situación de las reservas líquidas en el Banco Central de la República
Argentina.
En la actualidad, las empresas argentinas que importan insumos y otros bienes del exterior se encuentran en una posición crítica: límite de créditos con proveedores agotado, cancelación de entregas de insumos y productos por haber superado dichos límites, costos de logística, de almacenaje y aduaneros absolutamente innecesarios, ineficiencias en los procesos de importación, costos financieros por utilización de mecanismos de pagos alternativos, paralizaciones de plantas por falta de insumos productivos, ineficiencias en los costos de producción y comercialización, desabastecimiento de productos en la cadena de comercialización, perdida de empleabilidad sobre todo en el segmento de medianas empresas, para mencionar solo algunos.
Estimamos que la deuda total acumulada ascendería a 56.000 millones de dólares, si consideramos importación de insumos o de servicios recibidos. En el stock, el principal acreedor son las propias empresas (deuda intercompany), con más de la mitad del total (59%). En segundo lugar, y en menor medida, los propios proveedores que los que financian (36%). Cualquier escenario de salida del esquema cambiario y acceso a divisas implicará un salto en el tipo de cambio y su correlación con la inflación, y un potencial deterioro de la confianza con las casas matrices de muchas compañías que operan en Argentina.
Nuestras principales sugerencias a la próxima administración en este tema son garantizar el pago de las deudas que a futuro se generen por importaciones (flujo),
- permitirles a los importadores o acceder al MULC o a los dólares financieros para el
stock de deudas, con posibilidad de alternar entre los distintos tipos de cambio sin
limitación alguna. - Si las limitaciones por la falta de reservas liquidas en el BCRA imposibilitaran el acceso
al MULC, proponemos gestionar con las empresas su cancelación futura mediante el
acuerdo de un sendero de pago creíble, confiable, comprometido y finalmente
respetado.
2) El segundo problema es la existencia de un proceso de importaciones con fuerte intervencionismo del Poder Ejecutivo, llamado SIRAS, e integrado por varios organismos del Estado, quienes deciden a través de sus aprobaciones el destino del insumo o producto que el sector privado pretende importar.
A la existencia de este mecanismo se agrega durante los últimos años, pero en particular en los últimos meses, la falta de las aprobaciones para poder hacer frente a las importaciones que abastecen el sistema comercial o productivo de nuestro país. Es habitual que sea imposible detectar y predecir los criterios para las aprobaciones o las negaciones. Si bien el nivel de aprobación ha fluctuado, actualmente podría decirse que las autorizaciones son casi nulas, sin poder garantizar a la industria el suministro de las cadenas de valor de los diferentes sectores de la economía, situación que se mostrara de manera mas visible durante el próximo gobierno a pesar de no haber sido este el responsable del problema.
Nuestra principal sugerencia a la próxima administración es eliminar este mecanismo de aprobación burocrático, limitativo a la producción y al abastecimiento, o en todo caso, que solo permanezca como un sistema informativo, para que el Estado conozca el momento de pago de las importaciones acordado con los proveedores y a partir de esta información hacer previsible el movimiento de dólares para las importaciones a futuro.
En resumen, la próxima administración se enfrentará a un escenario desafiante y complejo. La capacidad de negociación y diálogo serán cruciales para construir consensos y avanzar hacia una estabilidad económica sostenible, que permita normalizar los compromisos asumidos y convertir los obstáculos en medidas a favor del sector productivo de la Argentina, desregulando, simplificando y buscando la eficiencia y la competitividad de las empresas.