El próximo 31 de marzo, según anunció el Gobierno nacional, no habrá una nueva extensión del congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos.
¿Qué quiere decir esto? Que todos los alquileres prorrogados se deberán rediscutir, que los propietarios podrán iniciar juicios por desalojo y que los inquilinos deberán pagar las deudas que se acumularon en los últimos 12 meses.
La primera intervención en el mercado inmobiliario, por decreto, fue en marzo del 2020, apenas iniciado el aislamiento por la pandemia, cuando el Ejecutivo prohibió aplicar aumentos y desalojar a quienes no paguen por su vivienda.
Esa decisión luego se extendió varias veces pero finalmente ahora, desde el primero de abril deberá normalizarse.
