A un año de la Ley de Bases, la transformación de las 42 empresas públicas del Estado argentino avanza de manera desigual.
Según un informe de la Fundación Pensar, hubo una mejora en el resultado financiero —de un déficit de 0,4% del PBI en 2023 a un superávit de 0,2%— gracias a un fuerte recorte del gasto y una reducción de casi 14.000 empleos. Sin embargo, las reformas estructurales siguen sin concretarse, con pocos cambios más allá de ajustes presupuestarios y anuncios sin implementación efectiva.
La creación de una agencia para rediseñar estas empresas, la reducción de transferencias a Enarsa y la venta de la participación en Impsa son algunos hitos del año. También se observaron intentos de abrir a la competencia casos como Aerolíneas Argentinas o Casa de Moneda. A pesar de los discursos privatizadores, el gobierno mantiene el control de empresas como YPF sin grandes modificaciones. Para la Fundación Pensar, aún resta definir el rol estratégico que deben cumplir estas estructuras dentro del Estado.
