El sistema de Riesgos del Trabajo proyecta un récord de 132.000 demandas para el año que termina, marcado por graves irregularidades periciales y sobrecostos millonarios.
La judicialidad en el sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) alcanzará su máximo nivel histórico en 2025, con cinco jurisdicciones concentrando el 86% de los litigios del país. Investigaciones recientes detectaron maniobras que incluyen peritajes falsificados, cambios de domicilio fraudulentos y el otorgamiento de porcentajes de incapacidad que superan el límite físico del 100%.
El 91% de los casos que llegan a la justicia son rechazos de las comisiones médicas o casos sin incapacidad previa. Esto alimenta una estructura donde el 45% del costo de los juicios se queda en la intermediación judicial (abogados, peritos y tasas).
En promedio, una indemnización del sistema es de $ 3,1 millones, pero una sentencia con abogado sube a $ 27,6 millones, generando un sobrecosto de más de $ 24 millones por caso. Esta desproporción obligaría a un aumento técnico de las alícuotas del 80% si no se corrige la judicialidad.
Según información aportada por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en la provincia de Mendoza, por caso, se detectó que al menos 34 pericias médicas fueron presentadas entre enero y junio de 2023 con la firma del perito Félix Jesús Yuma. Lo llamativo es que el profesional se encontraba internado en terapia intensiva tras un grave accidente ocurrido el 22 de enero de ese año.
Las pericias contaban con firmas y sellos copiados de manera rudimentaria. El 79% de estos expedientes pertenecía al mismo estudio de abogados (Mazzagatti-Herrero). Se estima que estos casos representaron un costo aproximado de $ 119.000.000.
Deportistas “incapacitados” y fallos insólitos
Del mismo informe se desprende otro caso. En Neuquén, un trabajador del sector petrolero demandó a una ART alegando una incapacidad que le impedía realizar esfuerzos físicos y le generaba «caos emocional». Sin embargo, mientras el perito determinaba que el hombre estaba físicamente limitado, el demandante se consagraba campeón de motocross enduro y participaba en triatlones.
Otro caso relevante es el del futbolista Federico Rodríguez, quien en 2018 fue diagnosticado por un perito con una incapacidad del 100% tras una lesión de rodilla. Pese a este diagnóstico, el deportista continuó su carrera profesional en distintos clubes hasta el año 2019 sin registrar nuevas lesiones.
El costo de la intermediación judicial
La distribución del costo en los juicios de ART revela que el 45% del monto total se destina a la intermediación judicial. Esto incluye honorarios de abogados, peritos y tasas de justicia, mientras que el trabajador recibe el 55% restante.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), el 50% de los juicios incluyen reclamos por incapacidad psicológica. Estos pedidos promedian 10 puntos por encima de la incapacidad médica física reportada.
La justicia emitió fallos calificados como «absurdos», como el caso de Gustavo Nicolás Reyes. En primera instancia, el trabajador recibió una sentencia por el 107% de incapacidad tras una caída que lesionó su codo.
Posteriormente, la Cámara corrigió el fallo al 90,88%, aunque la cifra seguía duplicando lo que el propio trabajador había reclamado inicialmente.
En Córdoba, esta situación derivó en un megafraude con 10 detenidos, incluyendo médicos y abogados imputados por asociación ilícita.
Actualizaciones y desproporción económica
El impacto de las tasas de actualización también genera preocupación en el sector. Un caso en el que la indemnización original era de $ 3 millones terminó convirtiéndose en una condena de $ 216 millones tras la aplicación de intereses.
En el sector pesquero, un cálculo basado en un sueldo tres veces mayor al real llevó una indemnización de $ 154 millones a un pago final instado de más de $ 732 millones. Actualmente, las demandas en stock en Caba equivalen a 1,8 patrimonios netos de todas las ART del sistema.
