El Impuesto a los Ingresos Brutos, vigente en todas las provincias argentinas desde 1970, es considerado uno de los más distorsivos de la economía.
A diferencia de otros tributos, se aplica en cada etapa de la cadena productiva sin reconocer créditos fiscales, lo que genera un efecto cascada que encarece los bienes y servicios. Según un informe del tributarista César Litvin, este impuesto puede representar hasta el 7,7% del precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas, convirtiéndose en el tercer tributo con mayor impacto en la canasta después del IVA y las cargas sociales.
Pese a los compromisos asumidos en distintos pactos fiscales para reducir su incidencia, las provincias no solo incumplieron con las rebajas previstas, sino que en muchos casos aumentaron alícuotas en los últimos años. Esto profundizó la presión tributaria, que pasó del 2,4% del PBI en 2004 al 4,1% en 2024. Mientras tanto, salvo en Córdoba y Chubut, los consumidores siguen sin tener información clara sobre cuánto pagan de este impuesto, ya que no figura discriminado en los tickets de compra.
