En los últimos 13 meses, el Gobierno ha impulsado avances significativos mediante la estabilización de la política monetaria y fiscal, logrando la reducción de la inflación y la desregulación de la economía, buscando impulsar el crecimiento genuino del país, atrayendo inversiones, generando empleos de calidad, mitigando los niveles de pobreza y posicionando a Argentina como un líder en libertad económica en la región. Sin embargo, medidas como la designación extraordinaria y transitoria de los jueces a la Corte Suprema pueden opacar estos esfuerzos y afectar la previsibilidad que el país necesita para consolidar su crecimiento.
La reciente decisión del presidente Javier Milei de nombrar por decreto en comisión a dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, transitoriamente hasta el 30 de noviembre de este año, si bien tiene andamiaje legal previsto en la Constitución como un mecanismo extraordinario, representa un riesgo potencial para la seguridad jurídica y el equilibrio institucional que debe regir en una república democrática.
La designación de los magistrados bajo el argumento que el Senado no aprobó los pliegos y que se encuentra en receso, no parece el camino más adecuado, a menos de una semana del inicio de las sesiones ordinarias de 2025.
A esta situación se suma el desconcierto que genera la designación de jueces en comisión, quienes podrían ser removidos en cualquier momento por el Congreso. El hecho de que magistrados designados de manera transitoria ejerzan funciones en la Corte Suprema sin la validación del Senado debilita la estabilidad judicial y afecta la confianza en sus fallos, lo que podría derivar en la nulidad de sus sentencias. Cualquier decisión tomada por una Corte integrada de forma excepcional y temporaria quedaría expuesta a cuestionamientos sobre su validez y legalidad. Es fundamental que el Senado asuma su responsabilidad y trate los pliegos de los candidatos propuestos por el Ejecutivo, ya sea para aprobarlos o rechazarlos dentro de los plazos razonables.
Desde el punto de vista del clima de negocios, la imprevisibilidad institucional y la falta de reglas claras, erosionan como nos ha ocurrido en el pasado último la confianza de los actores económicos y alejan las inversiones necesarias para el desarrollo del país. La seguridad jurídica es un pilar fundamental para la competitividad y crecimiento sostenido, y su debilitamiento solo contribuye a demorar la recuperación económica y social que requiere la República Argentina.
Nuestro país necesita previsibilidad y seguridad jurídica para construir un futuro de desarrollo hacia una Argentina competitiva.
(Por AmCham)
