El Gobierno argentino ha iniciado una auditoría de los fondos enviados a universidades nacionales, enfrentando resistencia especialmente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que defiende su autonomía y ha llevado el caso a la Justicia. La UBA sostiene que la intervención gubernamental atenta contra su independencia, mientras que el Gobierno argumenta que estas instituciones se niegan a transparentar sus finanzas. Esta tensión se basa en la gran cantidad de convenios firmados entre universidades y distintas agencias estatales, que incluyen servicios diversos, como auditorías, call centers, investigación de mercado y controles de precios.
Estos convenios, que originalmente buscaban apoyar al Estado, han crecido sin una supervisión adecuada y se han convertido en un sistema consolidado de financiamiento para las universidades. Miles de millones de pesos y dólares están en juego, derivados de acuerdos que no pasan por la Secretaría de Educación y, por ende, no son auditados. A lo largo de los años, especialmente durante gobiernos kirchneristas, este sistema de contratos sin control ha permitido que las universidades dispongan de los fondos y contraten personal sin regulaciones estrictas.
Universidades como la UBA, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad de San Martín lideran el ranking de convenios con el Estado, cubriendo desde proyectos académicos hasta servicios comerciales. Empresas públicas y entidades gubernamentales, como Aysa y el Ministerio de Educación, han firmado numerosos contratos con estas instituciones, a menudo sin transparencia ni fiscalización. La UBA, en su defensa, afirma que la auditoría vulnera su autonomía, mientras el Gobierno argumenta que la falta de control sobre estos fondos representa un problema de corrupción potencial.
