El Gobierno de Javier Milei culminó su primer año de gestión con la reducción de 36.000 empleados públicos bajo la modalidad de contratos, marcando el inicio de una política de ajuste en el sector estatal.
Según cifras oficiales, desde su asunción hasta noviembre de 2024, se concretaron estas bajas como parte de un proceso que aún no concluye. Actualmente, otros 40.000 trabajadores contratados enfrentan un examen de idoneidad que definirá si continuarán en sus puestos. Este examen, que evalúa competencias en comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y administración pública, es obligatorio para extender sus contratos más allá de marzo de 2025. Hasta ahora, de los 14.000 que lo rindieron, un 95% aprobó, según fuentes oficiales.
El Gobierno anunció medidas más estrictas para limitar el ingreso de nuevo personal al sector público y congelar las contrataciones en curso. Dos decretos recientes prohíben nuevas designaciones, incluso de carácter transitorio, salvo en casos excepcionales. Además, se establece que cualquier alta en la administración pública deberá estar respaldada por la baja de tres empleados mediante renuncia, jubilación o desvinculación. Desde marzo, será obligatorio aprobar un examen de idoneidad para acceder a puestos estatales, una exigencia que también aplicará a empresas con mayoría accionaria estatal.
La administración Milei promete continuar con una «motosierra» que ahora toma forma de bisturí en el recorte estatal, priorizando la eficiencia y reducción del gasto público. La estrategia incluye la evaluación estricta de los actuales contratados y un endurecimiento de las condiciones para nuevos ingresos. Este plan forma parte de la política de desregulación liderada por el ministro Federico Sturzenegger, quien aseguró que estas medidas buscan reorganizar y profesionalizar la estructura estatal, ajustándola a las necesidades actuales del país.
